Este 25 de julio finaliza la segunda legislatura en el Congreso y el anteproyecto de ley del libro, el cual se trabajó desde el 2017 entre el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional, la asociación de Editoriales Independientes del Perú (EIP) y la Cámara Peruana del Libro, no ha ingresado aún a mesa de partes del Congreso para seguir con el proceso de discusión y aprobación.

La finalidad de este anteproyecto es reformular los planteamientos de la ley vigente, que si bien han contribuido al crecimiento sostenido de la oferta editorial(1), podría extender sus beneficios a todos los agentes del ecosistema del libro y generar acciones que fomenten el hábito lector en la población.

¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA EL ECOSISTEMA DE LA LECTURA Y DEL LIBRO?

El ecosistema del libro es la serie de procesos que se crea a partir de la interacción de todos los agentes vinculados al libro y a la lectura. Estos procesos generan relaciones de interdependencia entre sus actores en las distintas etapas y niveles de la producción del libro y la lectura. Es decir, si se requiere incrementar el hábito lector y tener una industria sostenible y bibliodiversa, es necesario fortalecer las etapas de creación (autores), producción (editoriales), acceso al libro (bibliotecas, librerías, ferias), así como a los programas de lectura (mediadores de lectura). Si un componente se debilita, el equilibrio del ecosistema deja de funcionar.

En ese sentido, el anteproyecto desarrolla una serie de acciones que contemplan la intervención de todos los agentes de la lectura y del libro. Aquí resaltaremos dos de los planteamientos más importantes: la asignación de recursos de aproximadamente 50 millones a un Fondo, que sería administrado por el Ministerio de Cultura, y la regulación de beneficios tributarios, que considera:

1. Exoneración del IGV

2. Devolución del IGV

3. Crédito tributario por reinversión

4. Rebaja del valor de existencias

5. Exoneración del impuesto a las regalías por derechos de autor

¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS ENTRE LA ACTUAL LEY N° 28086 Y EL NUEVO ANTEPROYECTO? 

Una de las grandes diferencias respecto a los beneficios tributarios en la ley vigente es la que corresponde al Reintegro Tributario, que en el anteproyecto es planteado como devolución del IGV. En la actualidad, el reintegro tributario propone que las empresas pueden tramitar la devolución del IGV por medio de los comprobantes de pago de adquisiciones e importaciones de bienes de capital, materia prima, insumos, servicios de preprensa electrónica y servicios gráficos destinados a la realización de libros. El problema con este Reintegro surge con los montos mínimos para acceder a él. Según lo dispuesto en el artículo N° 39 del reglamento de la actual Ley, referente a los requisitos, inciso (e), dice: El valor total del impuesto consignado en cada uno de los comprobantes de pago no deberá ser inferior a 0.25 % de la UIT(2). Esto quiere decir que solo se pueden presentar comprobantes que tengan un IGV mayor a S/ 1050 soles, debiendo tener la factura un valor total superior a los S/ 6883.30. Lamentablemente los montos de impresión de una editorial independiente son menores a esta cifra por lo que queda excluida. Además, el artículo N° 40 del reglamento, inciso (b), dice que …el monto mínimo que deberá acumularse para solicitar la devolución será de una (01) UIT. Evidenciando que tenemos una Ley no inclusiva con todas las editoriales, como es el caso de las independientes, mypes que a la fecha representan el 90 % de la industria nacional.

POSICIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF) FRENTE AL ANTEPROYECTO 

Los dos planteamientos mencionados en el apartado anterior han sido cuestionados por el MEF. Aquí cabe recordarles que la última encuesta de hábito lector se realizó el 2004 (BNP), por lo que no contamos con cifras vigentes sobre este tema en estos últimos quince años. La falta de cifras comparables se debe a la falta del presupuesto, el mismo que siempre ha estado y está en manos del MEF.

El MEF plantea como solución financiar todo el proceso editorial con el Fondo (el cual solo se usaría para sostener la industria editorial), y eliminar los beneficios tributarios, pues parten de la idea de «adaptar» nuestra realidad al caso chileno. Sin embargo, ¿el MEF no recuerda que Chile destina una asignación anual fija de recursos de 14 millones de dólares a su fondo, además de contar con múltiples espacios de lectura con dotación adecuada para la población? Pensamos que esta comparación no tiene sentido, ya que Chile lleva años de desarrollo en el sector educación y en el sector cultura.

Por otro lado, debemos comentar que el análisis del MEF sobre la industria editorial parte de una estructura de costos que no considera el valor real de la elaboración del contenido del libro y sostiene que un libro es principalmente su costo de impresión. Algunos congresistas han recogido esa idea y declaran que el libro debería venderse a S/ 10. Es necesario, por tanto, visibilizar que el mayor porcentaje de inversión en la producción de un libro está en la generación del contenido, aproximadamente un 60 %. En este proceso no solo participa el autor, sino que además involucra a una serie de agentes: ilustrador, diseñador, diagramador, traductor, corrector, entre otros.

El precio de venta de un libro (PVP) tiene relación directa con los ingresos de la población de un país: las editoriales venden sus libros según el resultado de la interacción de oferta y demanda. En países con como el Perú, donde el sueldo mínimo bordea los 280 dólares, las editoriales venden los libros a precios poco rentables, obteniendo una ganancia bastante pequeña (entre 8 y 10 %). Comprendemos que para el peruano de ingreso promedio invertir más de S/ 40 en un libro representa un gasto elevado, lo cual acentúa en nuestro imaginario colectivo que el libro es elevado. Esta sensación es producto del poco conocimiento que se tiene del proceso editorial por parte de la ciudadanía en general, pero no exime a los funcionarios de un ministerio que regula la política económica de un país (MEF), quienes sí deberían conocer este proceso.

Si evaluamos esta situación en países de Latinoamérica como Argentina, Brasil, Colombia y México, encontramos que el precio de los libros peruanos está dentro del promedio. Se debe tener en cuenta, además, que en los países mencionados existen beneficios tributarios para la producción de libros, fondos para fomentar el hábito, un sistema nacional de bibliotecas y una política de compras públicas enfocada en la bibliodiversidad.

Por eso, hacemos hincapié en que el acceso gratuito a los libros, en cualquier país, se da a través de los espacios de lectura, principalmente a través de las bibliotecas. Este es un punto importante, ya que el MEF sostiene que las empresas privadas y no el Estado son los responsables de dicha tarea y es por eso que plantean retirar los beneficios tributarios, lo que incrementaría el precio del libro, para con el dinero recaudado crear un Fondo para hacer crecer el hábito lector.

En esa línea, la principal molestia del MEF es la «ganancia millonaria» que, según ellos, tienen las empresas abocadas a la producción de textos escolares. Aquí es necesario detenerse para explicar que las ganancias «millonarias» requieren de una inversión «millonaria». Debería ser posible, por tanto, encontrar una empresa editorial nacional o transnacional entre las más grandes del país, algo que no sucede. Además, creemos que una política fiscal no puede girar en función a 10 empresas y afectar a otras más 300.

Un punto a resaltar es que la producción de las empresas de textos escolares es de aproximadamente 15 mil ejemplares de solo un libro (contenido), en contraposición a los 300 o 1000 ejemplares de un libro que produce una editorial de contenido variado. Resulta obvio que cuando esto se traslada a porcentajes, la diferencia es abismal. No porque uno se beneficie más que el otro, sino porque los modelos de negocio son diferentes. Nadie en el Perú se hace millonario produciendo libros.

Respecto a lo que ha dejado de percibir el Estado Peruano debido a los beneficios tributarios al sector editorial no tienen no tiene una cifra oficial otorgada por la SUNAT. El MEF el año pasado dio la cifra de 700 millones de soles para luego ir disminuyendo esta y luego reconociendo que no tiene una cifra exacta. Es decir, el ente del Estado peruano que debe sustentar con números sus políticas fiscales no se acerca ni con estimaciones a lo que vienen declarando públicamente, disfrazando su análisis técnico con números lanzados al azar. En una entrevista realizada el 25 de junio por el diario Gestión, Marco Camacho, Director General de Política de Ingresos Públicos del MEF, señaló lo siguiente:

«Hasta para medir el efecto tuvimos un problema el año pasado, pues salieron dos estimaciones. Una de S/ 150 millones y otra alrededor de S/ 550 millones. No sabemos cuánto cuesta porque no hay una estadística clara, y luego de eso no sabemos si es el instrumento idóneo, porque no sabemos si cumplió o no cumplió. Este es un caso especial y de difícil medición».

Además, señala que «no existen indicadores, y que el objetivo central es mejorar el acceso a la lectura, y la estadística es de hace seis años. No hay manera que uno pueda hacer un adecuado estudio». Podríamos indicarle al señor Camacho que sí existe una manera de hacerlo, y es otorgando recursos al sector correspondiente para que realicen investigaciones y encuestas necesarias, lo que no exime al Estado de brindar beneficios para el sostenimiento de la industria y generar planteamientos particulares para el funcionamiento del ecosistema.

El MEF se escuda siempre en el déficit fiscal, y su intento de disminuirlo según lo planteado en su Política Macroeconómica Fiscal 2019-2022, le recordamos que ya antes afectó a sectores por no evaluar las particularidades de los mismos: este ecosistema no puede seguir un documento al pie de la letra, menos aún sin datos certeros y si lo que busca es salvar la deuda pública de este año, podría evaluar los beneficios reportados por el negocio agroexportador, bancario, de hidrocarburos y minero, ya que de estos sí tiene data certera.

Precisemos que, bajo una correcta evaluación de los beneficios tributarios a los sectores, es decir, sin intereses de por medio, el estado «no deja de percibir algo»; por el contrario, este se le otorga a un sector que reporta un beneficio a la sociedad, en este caso, el acceso al libro y el fomento de la lectura. Es decir, acceso al conocimiento y al intercambio de ideas, lo que genera desarrollo y tolerancia, aquello que tanta falta nos hace a los peruanos.

Entre las consecuencias a esta serie de acciones consideremos que sin un sistema adecuado de acceso al libro y una industria editorial fortalecida, los peruanos optarán por la piratería para poder leer (antes de la vigencia de la Ley N° 28086, el porcentaje de informalidad era mucho más elevado que hoy). Del informe realizado por Carlos Casas, exviceministro del MEF, sobre la ley vigente, se estima que para el 2013 el valor de la producción en el mercado informal era equivalente a 94 millones de dólares; es decir, una reducción del 98 % respecto a la situación del 2003, cuyo cálculo en cifras era de aproximadamente 450 millones de dólares. Este decrecimiento de la informalidad no solo incluye piratería, sino también de empresas que evaden impuestos.

No podemos concluir sin exigir al Estado que se aplique a la causa de solucionar el problema del libro y la lectura en el Perú, de lo contrario seguiremos teniendo el índice más bajo de lectura de la región. Somos el único país que ve como solución promulgar normas muertas (sin un análisis de impacto regulatorio adecuado) para problemas como la homofobia, el machismo, el maltrato, la delincuencia, entre otros que padece el Perú, y no el desarrollo de la educación y la cultura. Del análisis podemos advertir el eterno problema del país: la valoración del costo económico (mal trabajado, una vez más) por encima del costo social.

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(1) Evaluación económica de la Ley N° 28086; Ley de democratización y de fomento de la lectura. Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, Lima, 2015.

(2) El texto fue modificado por D.S. Nº 010-2004-ED.